Cuatro años de cárcel por protestar contra Rafael Correa
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En Ecuador, la estudiante de derecho Alejandra Cevallos fue condenada a cuatro años de cárcel por terrorismo y sabotaje. Según el régimen de Rafael Correa, conspiró para sabotear las telecomunicaciones durante los disturbios del 2010.
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Ha sido uno de los juicios políticos más sigilosos de América Latina en los últimos años. No se permitió el ingreso de la prensa a las audiencias y se le prohibió a los acusados dar entrevistas desde el momento en que inició el juicio.
La juez alegaba motivos de seguridad nacional. Los acusados eran, según el fiscal, terroristas que habían intentado sabotear la red de comunicaciones durante el 30 de septiembre del 2010.
Ese día, la policía del Ecuador entró en huelga y el presidente Rafael Correa, ya fuera por delirio de persecución, como excusa para fortalecer su control sobre las otras ramas del Estado, o por ambos motivos, decidió que la revuelta policial era una conspiración para derrocarlo.
Como no se ha podido demostrar que hubiera un intento de golpe de Estado, el gobierno de Rafael Correa tuvo que crearlo fabricando la conspiración. Durante ese día del 30 de septiembre, líderes de la oposición y ciudadanos que se oponían a las políticas de Rafael Correa salieron a protestar a la calle. Las cabecillas del golpe, se dijeron los fiscales y funcionarios encargados de encontrar culpables donde no los había, tenían que ser las figuras visibles de las manifestaciones pacíficas. Quienes salieran más veces en las cámaras, quienes se atrevieran a hablar en público, en suma, quienes dieran la cara expresando su opinión libremente eran los culpables de querer tumbar a Correa. Ellos eran “los terroristas”. Poco importaba que ninguno hubiera hecho un llamado a la violencia o a derrocar a Correa.
Uno de estos “terroristas” fue la estudiante de derecho Alejandra Cevallos. Ella se hallaba dentro de un grupo de personas que se manifestaban a la entrada del canal estatal, ECTV, porque se habían enlazado todos los canales privados al público.
El grupo que manifestó su oposición a esta violación de la libertad de prensa ingresó a las instalaciones del canal rompiendo una puerta de vidrio. Alejandra Cevallos no fue uno de los manifestantes que rompieron la puerta, sino que ingresó unos momentos después.
La emisión del canal estatal durante ese día fue un especial informativo que presentaba los hechos del 30 de septiembre en vivo, procurando fortalecer la tesis del gobierno de que se trataba de un golpe de Estado. Alejandra Cevallos fue invitada a hablar por el director de noticias para exponer la posición de los ciudadanos que habían ingresado al canal.
Dijo que la protesta policial no era un golpe de Estado, sino una reacción al veto presidencial que se hizo a la ley de Servicio Público, que le daba algunas ventajas a la policía. Además dijo que había un amplio descontento contra el estilo antidemocrático del presidente Rafael Correa.
Pocos días más tarde, Alejandra Cevallos recibió la notificación de que era investigada por terrorismo y sabotaje. El gobierno del Ecuador pretende vincularla al complot del supuesto golpe de Estado, al decir que era una de las líderes de la célula que dispusieron los “traidores a la patria” para sabotear las telecomunicaciones.
El fiscal acusador, Gustavo Benítez, no logró demostrar que se interrumpió la señal ni la transmisión. El perito experto en telecomunicaciones dijo que no se había interrumpido la señal. Como no tenían sustento para demostrar un sabotaje (y el veredicto tenía que ser “culpable”, pues en la justicia ecuatoriana se hace lo que el gobierno de Rafael Correa diga), la juez presionó al perito para que dijera lo que ella pensaba que necesitaba para condenarla.
“¿Hubo interrupción?”, le preguntó la juez al perito.
"Se interrumpió la producción del noticiero, pero no se interrumpió la señal del canal”, respondió el perito, al explicar que la entrevista con Alejandra Cevallos había interrumpido el cubrimiento que estaba haciendo el noticiero del 30 de septiembre para entrevistarla a ella, pero que la señal pública no había sido interrumpida.
“¿Pero hubo o no interrupción?”, preguntó la juez.
“No hubo interrupción de la señal, sólo de…”, dijo el perito.
“Sí o no. ¿Hubo interrupción?”, interrumpió la juez.
“Sí”, dijo el perito.
La semana pasada, Alejandra Cevallos fue condenada por terrorismo y sabotaje a cuatro años de cárcel. Ella no hace parte de ninguna conspiración terrorista. Su delito, en definitiva, fue dar una entrevista en la que criticaba a Rafael Correa.
Twitter: @santiagovillach
En Ecuador, la estudiante de derecho Alejandra Cevallos fue condenada a cuatro años de cárcel por terrorismo y sabotaje. Según el régimen de Rafael Correa, conspiró para sabotear las telecomunicaciones durante los disturbios del 2010.
Ha sido uno de los juicios políticos más sigilosos de América Latina en los últimos años. No se permitió el ingreso de la prensa a las audiencias y se le prohibió a los acusados dar entrevistas desde el momento en que inició el juicio.
La juez alegaba motivos de seguridad nacional. Los acusados eran, según el fiscal, terroristas que habían intentado sabotear la red de comunicaciones durante el 30 de septiembre del 2010.
Ese día, la policía del Ecuador entró en huelga y el presidente Rafael Correa, ya fuera por delirio de persecución, como excusa para fortalecer su control sobre las otras ramas del Estado, o por ambos motivos, decidió que la revuelta policial era una conspiración para derrocarlo.
Como no se ha podido demostrar que hubiera un intento de golpe de Estado, el gobierno de Rafael Correa tuvo que crearlo fabricando la conspiración. Durante ese día del 30 de septiembre, líderes de la oposición y ciudadanos que se oponían a las políticas de Rafael Correa salieron a protestar a la calle. Las cabecillas del golpe, se dijeron los fiscales y funcionarios encargados de encontrar culpables donde no los había, tenían que ser las figuras visibles de las manifestaciones pacíficas. Quienes salieran más veces en las cámaras, quienes se atrevieran a hablar en público, en suma, quienes dieran la cara expresando su opinión libremente eran los culpables de querer tumbar a Correa. Ellos eran “los terroristas”. Poco importaba que ninguno hubiera hecho un llamado a la violencia o a derrocar a Correa.
Uno de estos “terroristas” fue la estudiante de derecho Alejandra Cevallos. Ella se hallaba dentro de un grupo de personas que se manifestaban a la entrada del canal estatal, ECTV, porque se habían enlazado todos los canales privados al público.
El grupo que manifestó su oposición a esta violación de la libertad de prensa ingresó a las instalaciones del canal rompiendo una puerta de vidrio. Alejandra Cevallos no fue uno de los manifestantes que rompieron la puerta, sino que ingresó unos momentos después.
La emisión del canal estatal durante ese día fue un especial informativo que presentaba los hechos del 30 de septiembre en vivo, procurando fortalecer la tesis del gobierno de que se trataba de un golpe de Estado. Alejandra Cevallos fue invitada a hablar por el director de noticias para exponer la posición de los ciudadanos que habían ingresado al canal.
Dijo que la protesta policial no era un golpe de Estado, sino una reacción al veto presidencial que se hizo a la ley de Servicio Público, que le daba algunas ventajas a la policía. Además dijo que había un amplio descontento contra el estilo antidemocrático del presidente Rafael Correa.
Pocos días más tarde, Alejandra Cevallos recibió la notificación de que era investigada por terrorismo y sabotaje. El gobierno del Ecuador pretende vincularla al complot del supuesto golpe de Estado, al decir que era una de las líderes de la célula que dispusieron los “traidores a la patria” para sabotear las telecomunicaciones.
El fiscal acusador, Gustavo Benítez, no logró demostrar que se interrumpió la señal ni la transmisión. El perito experto en telecomunicaciones dijo que no se había interrumpido la señal. Como no tenían sustento para demostrar un sabotaje (y el veredicto tenía que ser “culpable”, pues en la justicia ecuatoriana se hace lo que el gobierno de Rafael Correa diga), la juez presionó al perito para que dijera lo que ella pensaba que necesitaba para condenarla.
“¿Hubo interrupción?”, le preguntó la juez al perito.
"Se interrumpió la producción del noticiero, pero no se interrumpió la señal del canal”, respondió el perito, al explicar que la entrevista con Alejandra Cevallos había interrumpido el cubrimiento que estaba haciendo el noticiero del 30 de septiembre para entrevistarla a ella, pero que la señal pública no había sido interrumpida.
“¿Pero hubo o no interrupción?”, preguntó la juez.
“No hubo interrupción de la señal, sólo de…”, dijo el perito.
“Sí o no. ¿Hubo interrupción?”, interrumpió la juez.
“Sí”, dijo el perito.
La semana pasada, Alejandra Cevallos fue condenada por terrorismo y sabotaje a cuatro años de cárcel. Ella no hace parte de ninguna conspiración terrorista. Su delito, en definitiva, fue dar una entrevista en la que criticaba a Rafael Correa.
Twitter: @santiagovillach