Noemí Sanín hace llamado a Santos para que pida revisar fallo.
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Juan Manuel Santos, presidente de Colombia ahora parte del grupo cerrado de los dictadores Castro de Cuba, tendrá que escoger entre ser fiel a su juramento hecho cuando asumió la primera magistratura colombiana, es decir, "servir fielmente a la patria" o servir fielmente a la corriente comunista y a su "camarada" Daniel Ortega de Nicaragua.
¿ Entregará Santos otra porción de aguas territoriales a Nicaragua, o peleará un fallo emitido por la Corte de la Haya y el nuevo proceso contra la República de Colombia interpuesto por Nicaragua?
Un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que antes del 13 de diciembre acuda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y solicite la nulidad del fallo que le cercenó a Colombia parte de su mar en el Caribe, hicieron la excanciller Noemí Sanín y el exviceministro Miguel Ceballos.
Los diplomáticos enviaron una carta al presidente Santos y le anexaron copia de un contrato 'secreto y confidencial' suscrito por el Presidente nicaragüense Daniel Ortega y el director de Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, con el empresario chino Wang Jing, sobre el contrato para hacer el canal interoceánico de Nicaragua.
Según los diplomáticos, el ocultamiento y la naturaleza de este contrato son elementos para pedir la revisión del fallo.
El texto de la carta de Sanín es el siguiente:
Bogotá, 18 de noviembre de 2013
Excmo. Sr. Dr.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Reciba un atento saludo de parte nuestra.
Se cumple ya un año del fallo de la Corte Internacional de Justicia, el cual compromete gravemente la integridad territorial de nuestro país. Durante estos meses hemos expresado a Usted personalmente y en repetidas ocasiones nuestra preocupación sobre el sentido y alcances del mismo.
El pasado 24 de julio del presente año, cuando tuvimos oportunidad de reunirnos con Usted y con la Señora Canciller, le manifestamos nuestra inconformidad con relación al fallo mediante el cual la Corte Internacional de Justicia intenta despojarnos de una importante porción de nuestro territorio marítimo. Desde el inicio de nuestra investigación, hemos expresado la necesidad de solicitar a la Corte Internacional de Justicia la revisión de la mencionada decisión; hoy, un año después de dedicar nuestro tiempo y capacidad al análisis del fallo y a la búsqueda de pruebas que hicieran legalmente viable la presentación de un recurso de revisión, tenemos la convicción de que estamos frente a un “hecho nuevo”, el cual fue intencionalmente mantenido oculto tanto a la defensa de Colombia como a los jueces de la Corte, quienes tuvieron a su cargo el fallo del pasado 19 de noviembre del 2012. Le acompañamos, para su propia conclusión, copia del contrato suscrito por el propio Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por el director de Autoridad del Gran Canal de Nicaragua y por el empresario chino Wang Jing, presidente de la empresa HK Nicaragua Canal Investment Company.
Como usted puede observar, el texto mismo establece su condición de SECRETO Y CONFIDENCIAL y la fecha en la que fue curiosamente celebrado es la de 31 de octubre del 2012, es decir 19 días antes del fallo, que es exactamente lo que se exige para que proceda la revisión. Como si fuera poco, Sr. Presidente, al hacer una lectura detallada del documento mencionado, podrá usted encontrar que el Gobierno de Nicaragua entrega “sus océanos y espacio aéreo” en concesión por 50 años, prorrogables automáticamente por otros 50, no obstante que los límites territoriales marítimos tanto de Colombia como de Nicaragua, para la fecha, estaban aún en discusión. En nuestro concepto, el ocultamiento y la naturaleza de este contrato y del proceso de negociación que debió preceder el mismo impidieron a los jueces de La Haya decidir sobre los temas del fallo con el conocimiento requerido. Encontrará usted en el citado documento todo lo pertinente a los acuerdos sobre “océanos y espacio aéreo”, los cuales, según la propia reclamación de ese país, incluían grandes porciones del territorio marítimo colombiano, aguas sin las cuales no podrían operar el gran canal, tal como lo define la Ley 800 de 2012, emanada de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y que para el momento eran materia del litigio. No pudo, por ende, valorar tampoco la Corte los efectos que podrían llegar a producirse en materia ecológica, de cumplirse con el objeto del instrumento oculto.
Dicho acuerdo se consolidó posteriormente con la expedición de la Ley 840 del 13 de junio del 2013, mediante la cual la Asamblea Nacional de Nicaragua terminó ratificando el compromiso que, insistimos, fue previo al fallo y se mantuvo oculto, entregando, ahora mediante una ley, las aguas colombianas que según la Corte Internacional de Justicia harían parte de los “océanos” nicaragüenses, las cuales venían siendo parte de la negociación con la empresa china de tiempo atrás.
Señor Presidente, queremos llamar su atención sobre un hecho que reviste la mayor importancia para los intereses de Colombia: según nuestro más sano criterio, la fecha límite para presentar la solicitud de revisión del fallo es el 13 de diciembre de 2013, teniendo en cuenta que, según el artículo 61 del estatuto de la CIJ, existe un plazo de seis meses, contados a partir del descubrimiento del hecho nuevo para pedir dicha revisión. Para nosotros, la fecha del descubrimiento del HECHO NUEVO es el día 13 de junio de 2013, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua, por medio de la Ley 840, oficializó y dio plenos efectos jurídicos a la concesión del canal interoceánico. Esta concesión, que tuvo su origen contractual el 31 de octubre del 2012, repetimos, previo al fallo, sólo pudo ser conocida con la aprobación de la ley mencionada y la consecuente publicación de todos los documentos relacionados con ella en la página web de la Asamblea Nacional de Nicaragua en junio del 2013.
Señor Presidente, no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene en el contexto geopolítico este tema, especialmente en el marco de la conformación de los “ejes” que hoy buscan tener influencia en nuestra región. Los países del Alba han expresado su total respaldo a la iniciativa de la construcción del canal chino-nicaragüense; en palabras de los embajadores de Venezuela y Cuba en Nicaragua, publicadas el 8 de agosto del 2013: “Los esfuerzos de integración, cooperación y solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe que integran el Alba se verán fortalecidos una vez se concretice el Gran Canal Interoceánico por Nicaragua”. En esta misma línea se pronunció el Foro de São Paulo, el cual, a través de una declaración del 3 de agosto del 2013, expresó su apoyo al proyecto del canal: “El Foro de São Paulo saluda al Gobierno sandinista de Nicaragua por su exitosa gestión y por el Proyecto del Gran Canal Interoceánico, que llevará prosperidad económica con justicia social al pueblo nicaragüense, brindará nuevas oportunidades a la región centroamericana y será decisivo para el establecimiento y consolidación del modelo socioeconómico y político alternativo promovido por el sandinismo”.
En este escenario, resulta necesario valorar los recientes incidentes que se han presentado en nuestro Caribe colombiano, los vuelos ilegales de los aviones rusos (Caracas-Managua), que violaron nuestro espacio aéreo cuando, en el mismo momento y en visita oficial a Nicaragua, el Viceministro de Relaciones Exteriores ruso, señor Serguei Kyabrov, celebraba y apoyaba el Gran Canal. Sería ingenuo pensar en que son voces aisladas las declaraciones de los capitanes Vladimir Ruban y Neksey Ousyannika, quienes, aunque después fueron desautorizados por la propia cancillería rusa, en su momento manifestaron que su país apoyaría a Nicaragua en caso de un conflicto bélico en la zona.
En este contexto geopolítico, causa no menor inquietud, en plenas conversaciones de La Habana, la declaración que sobre la materia hizo la guerrilla de las Farc, a través de una carta, fechada en septiembre del presente año, en la cual, haciendo clara relación a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, menciona: “Permítanos brindarles, a usted y al comandante Daniel Ortega, un cálido y fraterno saludo; colmado de entusiasmo y optimismo por los éxitos alcanzados en favor de la soberanía e independencia de la hermana República de Nicaragua y de la Patria Grande que es Nuestra América”.
La solicitud de interpretación de los demás problemas que presenta el fallo, que en nuestro criterio también debe ser presentada ante la Corte, no reviste tanta urgencia en términos de plazos para su presentación, por lo cual no nos referimos a ella en la presente comunicación. En nuestro libro, próximo a salir bajo el título 'La llegada del dragón', nos referimos en detalle al tema.
Consideramos que nuestro país ha merecido el respeto internacional por el acatamiento al derecho y que, por ende, está en la obligación de agotar todas las instancias jurídicas que le caben frente a tan torticero fallo, sin que con ello se pueda desconocer por la CIJ y por Nicaragua la necesidad jurídica colombiana de acatar el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional.
Nuevamente y en tiempo nos dirigimos a Usted con la conciencia de estar cumpliendo con un deber de Patria. Confiamos en que Usted, como Jefe de Estado y responsable de la integridad territorial de Colombia, tomará las decisiones que más convengan a la Nación y a los habitantes de nuestro Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
NOEMÍ SANÍN POSADA
MIGUEL CEBALLOS ARÉVALO
Arreglo de Santos con Correa
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“El acuerdo con Ecuador se hizo a espaldas del país”
El país celebró hace algunas semanas la noticia que confirmaba que Colombia había llegado a un acuerdo con Ecuador relacionado con la demanda que ese país había interpuesto el 31 de marzo de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Colombia, por los daños que las aspersiones con glifosato en la frontera causaban en la población y el medio ambiente.
Sin embargo, Laura Gil, internacionalista, columnista de El Tiempo y directora de 'Hashtag Internacional' de Canal Capital, reveló el texto del acuerdo que la Cancillería mantenía en secreto y encontró varios asuntos sobre los que el Gobierno colombiano debería dar una explicación. Lo más preocupante es que, según Gil, en el acuerdo la Cancillería de Colombia reconoció su culpa frente a Ecuador por fumigar con glifosato, mientras que aquí, no admite el debate y siguen las fumigaciones. Esto, a pesar de que investigaciones serias demuestran que el glifosato produce problemas en la piel y provoca abortos
Semana.com: ¿Por qué sospechó que había algo extraño en el acuerdo entre Colombia y Ecuador?
LAURA GIL: Primero, porque cuando un acuerdo de esta naturaleza no se hace público es porque algo está pasando. Y segundo, porque la canciller María Ángela Holguín habló de un fondo de 15 millones de dólares para la frontera, que sugería que sería en beneficio de los dos lados, Colombia y Ecuador. Sin embargo, es claro en el acuerdo que la plata se entregará sólo a Ecuador para desarrollo social en su lado de la frontera especialmente Esmeralda y Sucumbíos.
Semana.com: Yo no veo una contradicción, veo una omisión en la información.
L. G.: No, hay una clara contradicción entre hablar de un fondo para la frontera y entregar la plata a un solo país.
Semana.com: Es decir que no habrá plata para el lado de la frontera con Colombia.
L. G.: Claramente en el acuerdo todo el dinero se le entregará sólo a Ecuador. Incluso, el representante a la Cámara Guillermo Rivera me dijo, "yo nunca logré que me dieran ese tipo de dinero para la frontera. San Miguel, por ejemplo, que queda al lado de la frontera, no tiene siquiera acueducto”.
Semana.com: El abogado y columnista Ramiro Bejarano pidió copia del acuerdo y la Cancillería le respondió que el texto estaba amparado en el Artículo 4, inciso 9 del decreto ley 274 de 2000. En resumen, el acuerdo es confidencial hasta que no se hagan efectivos los compromisos allí pactados.
L. G.: Consulté con una serie de abogados y me dijeron que las negociaciones pueden tener reserva pero los textos en sí no.
Semana.com: Y es eso lo que la motiva a buscar el texto por su cuenta.
L. G.: Claro, y encontré que hay muchas cosas que no se han dicho. Por ejemplo, un mecanismo de arbitraje. En caso de una controversia entre Ecuador y Colombia se crea ese mecanismo en el que cada parte nombra un árbitro y el tercer árbitro es nombrado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Semana.com: ¿Eso es malo?
L. G.: El problema no está en si el acuerdo es malo o bueno. El problema está en que el contenido de ese acuerdo se asumió de espaldas al país. Por su contenido esto es un tratado que no tiene ni aprobación del Congreso de la República ni la revisión de la Corte Constitucional. Estamos ante un tratado que debe ser mirado como tal.
Semana.com: Pero es que el arreglo al que llegaron los gobiernos ecuatoriano y colombiano podría verse como un desarrollo del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Al fin y al cabo se trata de un acuerdo amistoso contemplado allí.
L. G.: Si, eso es cierto. Pero el contenido es de tal relevancia que no se puede invocar ese estatuto.
Semana.com: No entiendo.
L. G.: Esto equivaldría a decir que un tratado de libre comercio no tendría que pasar por el Congreso porque la norma habilitante es la Organización Mundial del Comercio. Todo podríamos saltárnoslos bajo ese argumento.
Semana.com: Y entonces, ¿cuál es la interpretación política de lo que está pasando con el acuerdo logrado con Ecuador?
L. G.: Que nuestra Cancillería no puede presentar ante el Congreso semejante texto porque pone sobre la mesa el debate de por qué aquí no se admiten los problemas con el uso del glifosato y en Ecuador sí.
Semana.com: ¿Un acuerdo como este se puede demandar?
L.G.: Se puede invocar en Colombia para acciones judiciales internas. Hay que tener en cuenta las condiciones de igualdad. Por ejemplo, los ciudadanos ecuatorianos tendrán derecho a un protocolo de quejas ante las autoridades colombianas en caso de que se siga afectando su tierra y su salud como resultado de las aspersiones. Yo quiero ver cuál va a ser ese protocolo. Tu sabes las dificultades que han tenido los colombianos para acceder a una indemnización por los daños producidos por el glifosato. Lo que hay en el fondo de parte de Colombia es un reconocimiento de culpa allá pero no acá.
Semana.com: ¿Podría concluir que con ese acuerdo se va para el piso la teoría de que el glifosato no hace daño?
L. G.: Yo creo que sí.
Semana.com: Pero acá vienen los americanos, toman glifosato en vasito y demuestran de mil maneras que no hace daño a la salud pública. Y por otro lado hay estudios serios que demuestran lo contrario.
L. G.: La publicación estadísticamente más sólida que cruza visitas al médico y a hospitales con fecha de aspersiones, es la de Daniel Mejía (investigador de la Universidad de los Andes).
Semana.com: De hecho él me dijo que cuando la Cancillería estaba haciendo la defensa de Colombia ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) le mandaron unos funcionarios para prohibirle que hiciera público su estudio.
L. G.: Es verdad. Me lo puso en un trino público.
Semana.com: Lo que comprueba la investigación de Mejía es gravísimo porque revela evidencia estadística para decir que la aspersión área con glifosato produce enfermedades dermatológicas y abortos.
L. G.: Exacto, ese es el debate de fondo. Por eso es que tienen el texto del acuerdo con Ecuador guardado en secreto.
Semana.com: ¿Usted sabe qué evidencia presentó Ecuador contra Colombia?
L.G.: En la demanda citan estudios que demuestran que las aspersiones sí afectan la salud y el medio ambiente. Y Colombia presentó un contra memorial que respondió Ecuador. Pero nada de eso se conoce porque la Corte Internacional de Justicia sólo publica el resto de los documentos al inicio de las audiencias y aquí no llegamos a tenerlas.
Semana.com: Yo tengo documentos que muestran que Colombia presentó en su defensa textos que afirman que el glifosato no es dañino, con algo complejo, varios de los que firman fueron o son de Monsanto, firma que produce el glifosato. ¿Los conoce?
L. G.: Ese conflicto de intereses hubiese aumentado la posibilidad de una derrota jurídica colombiana y hubiese disparado el debate interno sobre la inconveniencia de las fumigaciones.
Semana.com: ¿Sobre la base de lo que admitió Colombia ante Ecuador, el país estaría listo para asumir un debate y dejar de hacer aspersiones aéreas con glifosato?
L.G.: El país si, el gobierno no.
Semana.com: Me pregunto cómo hará Colombia para cumplir con todo lo que le prometió a Ecuador.
L. G.: Difícil porque por ejemplo, el 31 de marzo de 2008 cuando Ecuador presentó la demanda, Colombia no tenía idea de cuándo, ni dónde, ni cómo se fumigaba.
Semana.com: Eso no puede ser…
L. G.: Si, es que eso lo manejan los americanos con DynCorp.
Semana.com: Pero que los americanos manejen el programa no significa que el gobierno no controle la operación.
L. G.: Para defenderse, Colombia necesitaba esa información pero no la tenía. La información de las fumigaciones en la frontera finalmente sale a la luz debido a la demanda que los ecuatorianos depositaron contra DynCorp en Estados Unidos. DynCorp se negó a entregar las líneas de vuelo y demás información por razones de seguridad pero el tribunal le obligó a hacerlo. Así es como en Ecuador se enteraron primero que en Colombia de horarios, distancias, mezclas, y demás sobre el uso del glifosato.
Semana.com: ¿Usted sabe cuánta plata le pagó la Cancillería colombiana a Volterra para ayudar en la defensa de este pleito con Ecuador ante la CIJ?
L. G.: En diciembre de 2012 la Cancillería de Colombia vinculó a Volterra. Y entre enero y mayo de este año le pagaron 850.000 dólares con el objetivo de representar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, pero en ese lapso de tiempo no pasó nada en esa Corte. Yo quiero que me digan qué hizo esa firma para que le pagaran eso dado que había cuatro abogados internacionales más, reconocidos a nivel mundial, asesorando la negociación.
Semana.com: Pasemos a Nicaragua. Percibo que el tema se está diluyendo aquí mientras que los nicaragüenses siguen armando toda su artillería jurídica.
L. G.: La estrategia funcionó en lo interno porque el presidente Santos logró sacar el tema del debate electoral que es lo que realmente le importa. Y no funcionó en lo externo porque Nicaragua ya negoció con Panamá, está acercándose a los demás países y el "todo contra Nicaragua" que estaba armando Colombia ya se está desbaratando.
Semana.com: ¿Qué puede pasar con la demanda del Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional?
L. G.: La Corte puede decir que el Pacto es inexequible pero que no afecta el fallo del 19 de noviembre del año pasado porque el meridiano 82 no era un límite, como lo dijo la Corte Internacional de Justicia. O puede decir que en efecto el Pacto de Bogotá es inexequible y los efectos jurídicos que provocó son inaplicables porque el meridiano 82 sí era un límite y sí se necesitaba un tratado.
Semana.com: Esa segunda opción es la que seguramente oiremos desde la Corte Constitucional.
L. G.: Si y el presidente entonces dirá, miren lo que dice la Corte, y por eso no cumplo el fallo. Santos puede arreglar acá lo que se le dé la gana. Pero no hay un hecho jurídico interno que pueda sustraer a Colombia de sus obligaciones internacionales. Y con esa demanda contra el Pacto de Bogotá se demuestra la mala fe: como no me gustó el fallo, entonces demando.
Semana.com: Todo, al final, lo hace el Gobierno para nuestra ‘galería’.
L. G.: Claro, es un hecho político. Y mientras tanto Nicaragua desarma la estrategia diplomática y sigue preparándose en lo jurídico, y a eso hay que temerle.
Tomado de semana.com
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Juan Manuel Santos, presidente de Colombia ahora parte del grupo cerrado de los dictadores Castro de Cuba, tendrá que escoger entre ser fiel a su juramento hecho cuando asumió la primera magistratura colombiana, es decir, "servir fielmente a la patria" o servir fielmente a la corriente comunista y a su "camarada" Daniel Ortega de Nicaragua.
¿ Entregará Santos otra porción de aguas territoriales a Nicaragua, o peleará un fallo emitido por la Corte de la Haya y el nuevo proceso contra la República de Colombia interpuesto por Nicaragua?
Un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que antes del 13 de diciembre acuda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y solicite la nulidad del fallo que le cercenó a Colombia parte de su mar en el Caribe, hicieron la excanciller Noemí Sanín y el exviceministro Miguel Ceballos.
Los diplomáticos enviaron una carta al presidente Santos y le anexaron copia de un contrato 'secreto y confidencial' suscrito por el Presidente nicaragüense Daniel Ortega y el director de Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, con el empresario chino Wang Jing, sobre el contrato para hacer el canal interoceánico de Nicaragua.
Según los diplomáticos, el ocultamiento y la naturaleza de este contrato son elementos para pedir la revisión del fallo.
El texto de la carta de Sanín es el siguiente:
Bogotá, 18 de noviembre de 2013
Excmo. Sr. Dr.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Reciba un atento saludo de parte nuestra.
Se cumple ya un año del fallo de la Corte Internacional de Justicia, el cual compromete gravemente la integridad territorial de nuestro país. Durante estos meses hemos expresado a Usted personalmente y en repetidas ocasiones nuestra preocupación sobre el sentido y alcances del mismo.
El pasado 24 de julio del presente año, cuando tuvimos oportunidad de reunirnos con Usted y con la Señora Canciller, le manifestamos nuestra inconformidad con relación al fallo mediante el cual la Corte Internacional de Justicia intenta despojarnos de una importante porción de nuestro territorio marítimo. Desde el inicio de nuestra investigación, hemos expresado la necesidad de solicitar a la Corte Internacional de Justicia la revisión de la mencionada decisión; hoy, un año después de dedicar nuestro tiempo y capacidad al análisis del fallo y a la búsqueda de pruebas que hicieran legalmente viable la presentación de un recurso de revisión, tenemos la convicción de que estamos frente a un “hecho nuevo”, el cual fue intencionalmente mantenido oculto tanto a la defensa de Colombia como a los jueces de la Corte, quienes tuvieron a su cargo el fallo del pasado 19 de noviembre del 2012. Le acompañamos, para su propia conclusión, copia del contrato suscrito por el propio Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por el director de Autoridad del Gran Canal de Nicaragua y por el empresario chino Wang Jing, presidente de la empresa HK Nicaragua Canal Investment Company.
Como usted puede observar, el texto mismo establece su condición de SECRETO Y CONFIDENCIAL y la fecha en la que fue curiosamente celebrado es la de 31 de octubre del 2012, es decir 19 días antes del fallo, que es exactamente lo que se exige para que proceda la revisión. Como si fuera poco, Sr. Presidente, al hacer una lectura detallada del documento mencionado, podrá usted encontrar que el Gobierno de Nicaragua entrega “sus océanos y espacio aéreo” en concesión por 50 años, prorrogables automáticamente por otros 50, no obstante que los límites territoriales marítimos tanto de Colombia como de Nicaragua, para la fecha, estaban aún en discusión. En nuestro concepto, el ocultamiento y la naturaleza de este contrato y del proceso de negociación que debió preceder el mismo impidieron a los jueces de La Haya decidir sobre los temas del fallo con el conocimiento requerido. Encontrará usted en el citado documento todo lo pertinente a los acuerdos sobre “océanos y espacio aéreo”, los cuales, según la propia reclamación de ese país, incluían grandes porciones del territorio marítimo colombiano, aguas sin las cuales no podrían operar el gran canal, tal como lo define la Ley 800 de 2012, emanada de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y que para el momento eran materia del litigio. No pudo, por ende, valorar tampoco la Corte los efectos que podrían llegar a producirse en materia ecológica, de cumplirse con el objeto del instrumento oculto.
Dicho acuerdo se consolidó posteriormente con la expedición de la Ley 840 del 13 de junio del 2013, mediante la cual la Asamblea Nacional de Nicaragua terminó ratificando el compromiso que, insistimos, fue previo al fallo y se mantuvo oculto, entregando, ahora mediante una ley, las aguas colombianas que según la Corte Internacional de Justicia harían parte de los “océanos” nicaragüenses, las cuales venían siendo parte de la negociación con la empresa china de tiempo atrás.
Señor Presidente, queremos llamar su atención sobre un hecho que reviste la mayor importancia para los intereses de Colombia: según nuestro más sano criterio, la fecha límite para presentar la solicitud de revisión del fallo es el 13 de diciembre de 2013, teniendo en cuenta que, según el artículo 61 del estatuto de la CIJ, existe un plazo de seis meses, contados a partir del descubrimiento del hecho nuevo para pedir dicha revisión. Para nosotros, la fecha del descubrimiento del HECHO NUEVO es el día 13 de junio de 2013, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua, por medio de la Ley 840, oficializó y dio plenos efectos jurídicos a la concesión del canal interoceánico. Esta concesión, que tuvo su origen contractual el 31 de octubre del 2012, repetimos, previo al fallo, sólo pudo ser conocida con la aprobación de la ley mencionada y la consecuente publicación de todos los documentos relacionados con ella en la página web de la Asamblea Nacional de Nicaragua en junio del 2013.
Señor Presidente, no podemos dejar de mencionar la importancia que tiene en el contexto geopolítico este tema, especialmente en el marco de la conformación de los “ejes” que hoy buscan tener influencia en nuestra región. Los países del Alba han expresado su total respaldo a la iniciativa de la construcción del canal chino-nicaragüense; en palabras de los embajadores de Venezuela y Cuba en Nicaragua, publicadas el 8 de agosto del 2013: “Los esfuerzos de integración, cooperación y solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe que integran el Alba se verán fortalecidos una vez se concretice el Gran Canal Interoceánico por Nicaragua”. En esta misma línea se pronunció el Foro de São Paulo, el cual, a través de una declaración del 3 de agosto del 2013, expresó su apoyo al proyecto del canal: “El Foro de São Paulo saluda al Gobierno sandinista de Nicaragua por su exitosa gestión y por el Proyecto del Gran Canal Interoceánico, que llevará prosperidad económica con justicia social al pueblo nicaragüense, brindará nuevas oportunidades a la región centroamericana y será decisivo para el establecimiento y consolidación del modelo socioeconómico y político alternativo promovido por el sandinismo”.
En este escenario, resulta necesario valorar los recientes incidentes que se han presentado en nuestro Caribe colombiano, los vuelos ilegales de los aviones rusos (Caracas-Managua), que violaron nuestro espacio aéreo cuando, en el mismo momento y en visita oficial a Nicaragua, el Viceministro de Relaciones Exteriores ruso, señor Serguei Kyabrov, celebraba y apoyaba el Gran Canal. Sería ingenuo pensar en que son voces aisladas las declaraciones de los capitanes Vladimir Ruban y Neksey Ousyannika, quienes, aunque después fueron desautorizados por la propia cancillería rusa, en su momento manifestaron que su país apoyaría a Nicaragua en caso de un conflicto bélico en la zona.
En este contexto geopolítico, causa no menor inquietud, en plenas conversaciones de La Habana, la declaración que sobre la materia hizo la guerrilla de las Farc, a través de una carta, fechada en septiembre del presente año, en la cual, haciendo clara relación a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, menciona: “Permítanos brindarles, a usted y al comandante Daniel Ortega, un cálido y fraterno saludo; colmado de entusiasmo y optimismo por los éxitos alcanzados en favor de la soberanía e independencia de la hermana República de Nicaragua y de la Patria Grande que es Nuestra América”.
La solicitud de interpretación de los demás problemas que presenta el fallo, que en nuestro criterio también debe ser presentada ante la Corte, no reviste tanta urgencia en términos de plazos para su presentación, por lo cual no nos referimos a ella en la presente comunicación. En nuestro libro, próximo a salir bajo el título 'La llegada del dragón', nos referimos en detalle al tema.
Consideramos que nuestro país ha merecido el respeto internacional por el acatamiento al derecho y que, por ende, está en la obligación de agotar todas las instancias jurídicas que le caben frente a tan torticero fallo, sin que con ello se pueda desconocer por la CIJ y por Nicaragua la necesidad jurídica colombiana de acatar el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional.
Nuevamente y en tiempo nos dirigimos a Usted con la conciencia de estar cumpliendo con un deber de Patria. Confiamos en que Usted, como Jefe de Estado y responsable de la integridad territorial de Colombia, tomará las decisiones que más convengan a la Nación y a los habitantes de nuestro Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
NOEMÍ SANÍN POSADA
MIGUEL CEBALLOS ARÉVALO
Arreglo de Santos con Correa
“El acuerdo con Ecuador se hizo a espaldas del país”
El país celebró hace algunas semanas la noticia que confirmaba que Colombia había llegado a un acuerdo con Ecuador relacionado con la demanda que ese país había interpuesto el 31 de marzo de 2008 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Colombia, por los daños que las aspersiones con glifosato en la frontera causaban en la población y el medio ambiente.
Sin embargo, Laura Gil, internacionalista, columnista de El Tiempo y directora de 'Hashtag Internacional' de Canal Capital, reveló el texto del acuerdo que la Cancillería mantenía en secreto y encontró varios asuntos sobre los que el Gobierno colombiano debería dar una explicación. Lo más preocupante es que, según Gil, en el acuerdo la Cancillería de Colombia reconoció su culpa frente a Ecuador por fumigar con glifosato, mientras que aquí, no admite el debate y siguen las fumigaciones. Esto, a pesar de que investigaciones serias demuestran que el glifosato produce problemas en la piel y provoca abortos
Semana.com: ¿Por qué sospechó que había algo extraño en el acuerdo entre Colombia y Ecuador?
LAURA GIL: Primero, porque cuando un acuerdo de esta naturaleza no se hace público es porque algo está pasando. Y segundo, porque la canciller María Ángela Holguín habló de un fondo de 15 millones de dólares para la frontera, que sugería que sería en beneficio de los dos lados, Colombia y Ecuador. Sin embargo, es claro en el acuerdo que la plata se entregará sólo a Ecuador para desarrollo social en su lado de la frontera especialmente Esmeralda y Sucumbíos.
Semana.com: Yo no veo una contradicción, veo una omisión en la información.
L. G.: No, hay una clara contradicción entre hablar de un fondo para la frontera y entregar la plata a un solo país.
Semana.com: Es decir que no habrá plata para el lado de la frontera con Colombia.
L. G.: Claramente en el acuerdo todo el dinero se le entregará sólo a Ecuador. Incluso, el representante a la Cámara Guillermo Rivera me dijo, "yo nunca logré que me dieran ese tipo de dinero para la frontera. San Miguel, por ejemplo, que queda al lado de la frontera, no tiene siquiera acueducto”.
Semana.com: El abogado y columnista Ramiro Bejarano pidió copia del acuerdo y la Cancillería le respondió que el texto estaba amparado en el Artículo 4, inciso 9 del decreto ley 274 de 2000. En resumen, el acuerdo es confidencial hasta que no se hagan efectivos los compromisos allí pactados.
L. G.: Consulté con una serie de abogados y me dijeron que las negociaciones pueden tener reserva pero los textos en sí no.
Semana.com: Y es eso lo que la motiva a buscar el texto por su cuenta.
L. G.: Claro, y encontré que hay muchas cosas que no se han dicho. Por ejemplo, un mecanismo de arbitraje. En caso de una controversia entre Ecuador y Colombia se crea ese mecanismo en el que cada parte nombra un árbitro y el tercer árbitro es nombrado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Semana.com: ¿Eso es malo?
L. G.: El problema no está en si el acuerdo es malo o bueno. El problema está en que el contenido de ese acuerdo se asumió de espaldas al país. Por su contenido esto es un tratado que no tiene ni aprobación del Congreso de la República ni la revisión de la Corte Constitucional. Estamos ante un tratado que debe ser mirado como tal.
Semana.com: Pero es que el arreglo al que llegaron los gobiernos ecuatoriano y colombiano podría verse como un desarrollo del estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Al fin y al cabo se trata de un acuerdo amistoso contemplado allí.
L. G.: Si, eso es cierto. Pero el contenido es de tal relevancia que no se puede invocar ese estatuto.
Semana.com: No entiendo.
L. G.: Esto equivaldría a decir que un tratado de libre comercio no tendría que pasar por el Congreso porque la norma habilitante es la Organización Mundial del Comercio. Todo podríamos saltárnoslos bajo ese argumento.
Semana.com: Y entonces, ¿cuál es la interpretación política de lo que está pasando con el acuerdo logrado con Ecuador?
L. G.: Que nuestra Cancillería no puede presentar ante el Congreso semejante texto porque pone sobre la mesa el debate de por qué aquí no se admiten los problemas con el uso del glifosato y en Ecuador sí.
Semana.com: ¿Un acuerdo como este se puede demandar?
L.G.: Se puede invocar en Colombia para acciones judiciales internas. Hay que tener en cuenta las condiciones de igualdad. Por ejemplo, los ciudadanos ecuatorianos tendrán derecho a un protocolo de quejas ante las autoridades colombianas en caso de que se siga afectando su tierra y su salud como resultado de las aspersiones. Yo quiero ver cuál va a ser ese protocolo. Tu sabes las dificultades que han tenido los colombianos para acceder a una indemnización por los daños producidos por el glifosato. Lo que hay en el fondo de parte de Colombia es un reconocimiento de culpa allá pero no acá.
Semana.com: ¿Podría concluir que con ese acuerdo se va para el piso la teoría de que el glifosato no hace daño?
L. G.: Yo creo que sí.
Semana.com: Pero acá vienen los americanos, toman glifosato en vasito y demuestran de mil maneras que no hace daño a la salud pública. Y por otro lado hay estudios serios que demuestran lo contrario.
L. G.: La publicación estadísticamente más sólida que cruza visitas al médico y a hospitales con fecha de aspersiones, es la de Daniel Mejía (investigador de la Universidad de los Andes).
Semana.com: De hecho él me dijo que cuando la Cancillería estaba haciendo la defensa de Colombia ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) le mandaron unos funcionarios para prohibirle que hiciera público su estudio.
L. G.: Es verdad. Me lo puso en un trino público.
Semana.com: Lo que comprueba la investigación de Mejía es gravísimo porque revela evidencia estadística para decir que la aspersión área con glifosato produce enfermedades dermatológicas y abortos.
L. G.: Exacto, ese es el debate de fondo. Por eso es que tienen el texto del acuerdo con Ecuador guardado en secreto.
Semana.com: ¿Usted sabe qué evidencia presentó Ecuador contra Colombia?
L.G.: En la demanda citan estudios que demuestran que las aspersiones sí afectan la salud y el medio ambiente. Y Colombia presentó un contra memorial que respondió Ecuador. Pero nada de eso se conoce porque la Corte Internacional de Justicia sólo publica el resto de los documentos al inicio de las audiencias y aquí no llegamos a tenerlas.
Semana.com: Yo tengo documentos que muestran que Colombia presentó en su defensa textos que afirman que el glifosato no es dañino, con algo complejo, varios de los que firman fueron o son de Monsanto, firma que produce el glifosato. ¿Los conoce?
L. G.: Ese conflicto de intereses hubiese aumentado la posibilidad de una derrota jurídica colombiana y hubiese disparado el debate interno sobre la inconveniencia de las fumigaciones.
Semana.com: ¿Sobre la base de lo que admitió Colombia ante Ecuador, el país estaría listo para asumir un debate y dejar de hacer aspersiones aéreas con glifosato?
L.G.: El país si, el gobierno no.
Semana.com: Me pregunto cómo hará Colombia para cumplir con todo lo que le prometió a Ecuador.
L. G.: Difícil porque por ejemplo, el 31 de marzo de 2008 cuando Ecuador presentó la demanda, Colombia no tenía idea de cuándo, ni dónde, ni cómo se fumigaba.
Semana.com: Eso no puede ser…
L. G.: Si, es que eso lo manejan los americanos con DynCorp.
Semana.com: Pero que los americanos manejen el programa no significa que el gobierno no controle la operación.
L. G.: Para defenderse, Colombia necesitaba esa información pero no la tenía. La información de las fumigaciones en la frontera finalmente sale a la luz debido a la demanda que los ecuatorianos depositaron contra DynCorp en Estados Unidos. DynCorp se negó a entregar las líneas de vuelo y demás información por razones de seguridad pero el tribunal le obligó a hacerlo. Así es como en Ecuador se enteraron primero que en Colombia de horarios, distancias, mezclas, y demás sobre el uso del glifosato.
Semana.com: ¿Usted sabe cuánta plata le pagó la Cancillería colombiana a Volterra para ayudar en la defensa de este pleito con Ecuador ante la CIJ?
L. G.: En diciembre de 2012 la Cancillería de Colombia vinculó a Volterra. Y entre enero y mayo de este año le pagaron 850.000 dólares con el objetivo de representar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, pero en ese lapso de tiempo no pasó nada en esa Corte. Yo quiero que me digan qué hizo esa firma para que le pagaran eso dado que había cuatro abogados internacionales más, reconocidos a nivel mundial, asesorando la negociación.
Semana.com: Pasemos a Nicaragua. Percibo que el tema se está diluyendo aquí mientras que los nicaragüenses siguen armando toda su artillería jurídica.
L. G.: La estrategia funcionó en lo interno porque el presidente Santos logró sacar el tema del debate electoral que es lo que realmente le importa. Y no funcionó en lo externo porque Nicaragua ya negoció con Panamá, está acercándose a los demás países y el "todo contra Nicaragua" que estaba armando Colombia ya se está desbaratando.
Semana.com: ¿Qué puede pasar con la demanda del Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional?
L. G.: La Corte puede decir que el Pacto es inexequible pero que no afecta el fallo del 19 de noviembre del año pasado porque el meridiano 82 no era un límite, como lo dijo la Corte Internacional de Justicia. O puede decir que en efecto el Pacto de Bogotá es inexequible y los efectos jurídicos que provocó son inaplicables porque el meridiano 82 sí era un límite y sí se necesitaba un tratado.
Semana.com: Esa segunda opción es la que seguramente oiremos desde la Corte Constitucional.
L. G.: Si y el presidente entonces dirá, miren lo que dice la Corte, y por eso no cumplo el fallo. Santos puede arreglar acá lo que se le dé la gana. Pero no hay un hecho jurídico interno que pueda sustraer a Colombia de sus obligaciones internacionales. Y con esa demanda contra el Pacto de Bogotá se demuestra la mala fe: como no me gustó el fallo, entonces demando.
Semana.com: Todo, al final, lo hace el Gobierno para nuestra ‘galería’.
L. G.: Claro, es un hecho político. Y mientras tanto Nicaragua desarma la estrategia diplomática y sigue preparándose en lo jurídico, y a eso hay que temerle.
Tomado de semana.com
